Toca parlar d’història

 

 

 

Publicado en CANFALI El Semanal, el 13 de julio de 2007, en la sección Algueña, página 39.

 

 

En las páginas de Algueña de este medio se publicó el pasado 6 de julio una pretendida réplica a mi columna “Símbolo o recuerdo”, que el 15 de junio escribí en el marco de mi habitual preocupación por el paisaje, en este caso paisaje urbano de Algueña, pero intentando reflejar un determinado contexto histórico para no ignorar la trascendencia de mis propuestas, ya que podía haber personas que se sintieran aludidas, y sin pretender “soplar sobre llamas pagadas”, como torticeramente se me acusa.

 

Quiero que quede constancia de que respeto todas las opiniones, en especial la de aquellos de los que, expresamente, yo recababa su opinión en mi columna. Esas opiniones de los firmantes, aunque no estén todos, ahora ya las conocemos todos. No obstante, insisto en exigir respeto sobre mi propuesta de mantener un monumento conmemorativo de las víctimas del otoño de 1936 en otro lugar, por supuesto, que proclamando el “no a la violencia”. Eso sí, no voy a proponer un referéndum sobre la cuestión porque considero con suficiente legitimidad a nuestros gobernantes locales, recién salidos de las urnas, para que tomen la decisión que estimen más oportuna.

 

El escrito publicado iba mucho más allá de la réplica y como la historia es de quien la escribe, no puedo dejar pasar a historiadores que la manipulen. Especialmente cuando se cuestiona la legitimidad de la II República, o se lanzan culpas de la guerra a Largo Caballero, que fue el que recuperó el estado republicano cercenado durante el verano de 1936 y antes, en aquellas zonas que iba controlando, o se niega implícitamente el autoritarismo franquista ignorando la pléyade de exiliados o represaliados y asesinados también, sin  monumento conmemorativo Y reconocer esto no es hacer un tebeo de buenos y malos, es simplemente exponer la historia de manera más real y distinta a como nos fue contada, cuando fuimos jóvenes, a los de mí generación.

 

Pero es que el escrito llegaba a más, ninguneando la importancia de la Constitución de 1978, identificando el canto de la Internacional como una amenaza, cuando para muchos ha sido un canto por la libertad y de reivindicación de justicia social, cuestionando a los que ahora y en otros lugares pretenden conocer el paradero de sus familiares difuntos o que se reconozca la injusticia de unos juicios de postguerra sin garantías de ningún tipo que condenaron masivamente por el simple hecho de haber defendido la República, con la sarcástica acusación de rebelión o auxilio a la rebelión.

 

No puedo extenderme más, por lo que para dar por zanjado el debate simplemente citar unas fuentes que analizan lo que fue la historia de la violencia y la represión en la retaguardia durante la Guerra Civil, como fue el caso de la provincia de Alicante, que el replicante debe conocer por razones profesionales, y que son los trabajos de Miguel Ors Montenegro y José Miguel Santacreu Soler, publicados y distribuidos hace pocos meses por el diario Información, concretamente en el tomo 9.

 

Los autores dicen sobre el terror rojo[1]:

 

“La única explicación posible tiene que ver con una situación anomia, es decir, de práctica desaparición del Estado y de su capacidad de control y coerción, que se produjo en el verano de 1936, frente a la recomposición que tuvo lugar a partir de la recomposición del Gobierno de Largo Caballero el 5 de septiembre de este año. Podría hablarse del efecto Queipo. Las tres primeras semanas, a partir de julio de 1936, convirtieron un golpe de Estado en una guerra civil de exterminio puro y duro: el rival político de febrero de 1936 pasó a ser un enemigo a liquidar. Así lo proclamaba Queipo de Llano todas las noches desde Radio Sevilla”

 

“Los titulares de la prensa republicana también incidían una y otra vez en la crueldad de los sublevados desde los primeros momentos.”

 

“Por tanto, desde los primeros momentos, en la retaguardia republicana se tuvo perfecta conciencia –en todo caso magnificada- de lo que estaba ocurriendo en la zona rebelde. Y la venganza se extendió pueblo a pueblo, sin necesidad de llamamiento alguno por parte de partidos o sindicatos”.

 

Los llamamientos de los gobernadores civiles, que ejecutaban la política del Gobierno, de la Delegación de Justicia del Comité Ejecutivo Popular de Valencia fueron precisamente en sentido contrario. El gobernador civil de Alicante, Francisco Valdés Casas, un hombre de actuación irreprochable y enérgica, dictó un bando el 27 de octubre de 1936, cuando la represión en la retaguardia no había comenzado salvo en caso muy aislados, que decía: “Habiéndose establecido la normalidad en esta provincia, se servirán los alcaldes ordenar que se reanuden todos los trabajos y que las milicias estén atentas exclusivamente a recibir órdenes, absteniéndose de practicar detención alguna ni registro sin el control de la autoridad… Queda prohibido llevar armas por la calle no estando de servicio publico… Se recomienda especialmente a los elementos del Frente Popular que repriman con todo escrúpulo moral los desmanes y actos de pillaje que puedan cometerse”

 

“El problema es que el poder real del gobernador civil era tremendamente limitado. el verdadero poder residía en los organismos políticos en cada ciudad”

 


[1] 27 líneas citadas literalmente de Ors y Santacreu del tomo 9 de la Historia del diario INFORMACION de Alicante.